COOPERACIÓN, DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD EN EUROPA. CRÓNICA DE UNA MUERTE OCULTADA.







Entra en crisis el sistema financiero internacional.

Quiebra Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión estadounidenses. El sistema financiero internacional está al borde del colapso. Merryll Linch es vendido a Bank of America a la mitad de su precio, mientras que Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Citigroup sobreviven con ayudas públicas y transformados en bancos comerciales.

En Europa, Alemania, Francia, Holanda o Reino Unido (aunque este no está en la eurozona) tienen que salir al rescate de sus grandes bancos. Los bancos españoles no estaban muy expuestos a las hipotecas subprime que están en el origen de la crisis, pero España tiene su propia burbuja inmobiliaria que estalla y conduce al país a la depresión. En el caso de Irlanda, la exposición bancaria a la crisis financiera internacional se combina con el estallido de su burbuja inmobiliaria. En todos los casos se disparan las cifras de déficit público, aunque puede afirmarse que el déficit es consecuencia de la crisis y no su causante (una excepción sería el caso de Grecia, que ya tenía graves problemas de déficit antes de la crisis).








Los mercados financieros acosan a Grecia.

Los mercados financieros especulan contra la deuda griega después de que las agencias de calificación la hayan puesto bajo “vigilancia con implicación negativa”. Acogiéndose a la cláusula de no salvamento, los gobiernos europeos se niegan a intervenir en apoyo de Grecia. Fundamental en este sentido es la postura de la canciller Angela Merkel, que tiene unas importantes elecciones regionales a la vista y no quiere comprometer sus resultados por ayudar a Grecia.












Primeras actuaciones del BCE en apoyo de los países en dificultades.

La crisis griega está en su apogeo. El BCE anuncia que seguirá aceptando incondicionalmente los títulos de deuda pública griega como garantía para evitar que su mercado colapse por completo. Además, lanza un programa de compra de títulos de deuda pública en el mercado secundario para aliviar la presión de los países acosados por los mercados.

Aunque la ayuda es tibia e indirecta, provoca muchas tensiones que acaban desembocando en las dimisiones de Axel Weber, presidente del Bundesbank, y Jürgen Stark, economista jefe del BCE.


Rescate a Grecia.

La Unión Europea acepta conceder un préstamo a Grecia por importe de 110.000 millones de euros. A cambio, se le impone un interés elevado (5’2%) y un compromiso de reducción del déficit de seis puntos entre 2009 y 2010 y de otros cinco puntos y medio entre 2010 y 2014 (lo que supone un ajuste brutal). La ayuda se establece en tramos condicionados al cumplimiento de las condiciones impuestas, es decir, antes de entregar cada uno de los tramos, se establecerá si Grecia está cumpliendo sus compromisos, y no se entregará el nuevo tramo hasta que no se compruebe que es así.



Nace la troika.

Las instancias europeas solicitan al FMI que participe en el rescate griego para lanzar el mensaje de que las condiciones del mismo serán tan estrictas como las que habitualmente ha impuesto el FMI (por ejemplo, en América del Sur o en el Sudeste Asiático). A partir de este momento, se denominará troika al grupo de decisión formado por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, que actuarán de forma conjunta en todo lo referido a las ayudas concedidas a países con dificultades financieras como Grecia. Sin embargo, la formación de la troika supondrá para muchos la máxima expresión del fracaso de la eurozona, que ni disponía de instituciones preparadas para gestionar situaciones como esta ni fue capaz de preverlas y evitarlas.


Se establece el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

El 10 de mayo se crea con carácter de urgencia el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), que cuenta con un fondo de 750.000 millones de euros para acudir en ayuda de los países amenazados:
−        60.000 millones son aportados por la Comisión Europea.
−        250.000 millones son aportados por el FMI.
−        440.000 millones serán aportados por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), creado a tal efecto.
El principio, el FEEF se crea con una vigencia esperada de tres años. Los países participantes no tienen que aportar fondos directamente, sino que el fondo tiene capacidad para endeudarse en los mercados financieros hasta el tope fijado. Lo que hacen los estados es garantizar esa deuda.


Países del norte muestran sus reticencias a las ayudas financieras a los países en dificultades.

Países como Alemania, Holanda o Finlandia afirman que quieren evitar que los países más laxos en materia presupuestaria tengan la tentación de incrementar su déficit sin límite alguno al sentirse respaldados por la Unión Europea, así que condicionan la ayuda económica a la puesta en marcha de “reformas” estructurales” y planes de reducción del déficit e imponen unos intereses elevados (entre el 5% y el 6%, cuando el FEEF se endeuda en los mercados a tipos cercanos al 3% al tener una calificación crediticia casi tan buena como la de Alemania). Esta actitud va a ser firme a partir de ahora: a pesar de que, en principio, su participación en el fondo no tiene por qué costarles nada (los estados sólo garantizan la deuda, no aportan fondos), estos países imponen una durísima condicionalidad a las ayudas por razones ideológicas.

En la misma línea, Alemania alega que el FEEF supone una violación de los tratados que prohíben expresamente la ayuda financiera entre estados de la Unión Europea y advierte de que su Tribunal Constitucional podría revocar el acuerdo. Esta forma de avivar el fuego de los mercados añadiendo inquietud e incertidumbre parece a estas alturas más premeditada que accidental.










La Comisión propone introducir un nuevo mecanismo de coordinación: el semestre europeo.

De acuerdo con este mecanismo, los gobiernos europeos tendrían que presentar el primer semestre de cada año sus políticas y planes presupuestarios, así como sus proyectos de reformas estructurales, a la Comisión y al Consejo Europeo, que emitirán un dictamen antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales.

Un procedimiento así podría ser muy útil si lo que realmente se buscase fuera la coordinación de las políticas económicas nacionales, si se evaluase el desfase de producción y los desequilibrios comerciales en el conjunto de la eurozona, de forma que se determinase qué países deberían llevar a cabo políticas expansivas y qué países deberían aplicar recortes de gasto. Sin embargo, el interés de la Comisión se centra en reducir el déficit y en la puesta en marcha de reformas estructurales (fundamentalmente, liberalización de los mercados y flexibilización del mercado de trabajo).










La Comisión Europea presenta el “6-Pack”.

Mientras el Consejo Europeo del 7 de septiembre da luz verde a la propuesta del semestre europeo, la Comisión presenta un paquete de seis directivas (6-Pack) para reforzar la Gobernanza económica (lo que en la práctica quiere decir reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento):
  1. Podrán ser sancionados los países cuyo gasto público aumente más rápidamente que la tasa de crecimiento prudente del PIB, salvo que compensen ese aumento de gasto con aumentos de ingresos o dispongan de excedentes presupuestarios. En la práctica, se prohíben las políticas de reactivación a través del gasto.
  2. Los países cuya deuda pública supere el 60% del PIB podrán ser sometidos a un procedimiento de déficit excesivo si no reducen su exceso de deuda en al menos una vigésima parte (1/20) al año. Hay que tener en cuenta que reducir el ratio deuda/PIB mediante recortes de gasto es mucho más difícil que reducir el déficit, en la medida en que los recortes reducirán el PIB, con lo que el ratio tenderá a incrementarse.
  3. Los países afectados por las directivas 1 o 2 tendrán que efectuar un depósito de entre el 0’2% y el 0’5% del PIB que podrá ser confiscado si no cumplen las medidas impuestas.
  4. Se mantiene el límite del déficit público en el 3% del PIB y el compromiso de equilibrio presupuestario a medio plazo. Además, los países que tengan déficit “estructural” tendrán que reducirlo un 0’5% anual.
  5. Los países han de incluir las tres reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en sus marcos presupuestarios y han de encomendar a una institución presupuestaria independiente que controle el cumplimiento de las mismas.
  6. Los procedimientos previstos en estas directivas se aplicarán según el principio de mayoría inversa, es decir, se necesitará una mayoría cualificada del Consejo Europeo (excluyendo al país afectado) para oponerse a las medidas y sanciones propuestas por la Comisión. En la práctica, esto supone el automatismo de las sanciones, ya que bastaría con el voto individual de Alemania, Francia o Italia para vetar cualquier protesta. Hasta este momento, eran las sanciones las que debían aprobarse con mayoría cualificas.
Con objeto de controlar los desequilibrios macroeconómicos, la Comisión propone establecer un cuadro de mando para monitorizar la situación de la eurozona a partir de una serie de variables: competitividad (es decir, costes salariales), déficit exterior, deuda pública y deuda privada. Un mecanismo de alarma se activaría cuando un país sobrepasase unos límites en algunas de estas variables, lo que podría llevar a procedimientos similares al procedimiento de déficit excesivo.

Por supuesto, la tasa de desempleo no está incluida entra las variables de referencia al más puro estilo neoliberal, que minusvalora los objetivos de empleo frente a los de déficit e inflación. Tampoco se prevén amonestaciones para aquellos países cuyas políticas restrictivas y superávits comerciales excesivos puedan haber perjudicado a sus socios.










Cae Irlanda.

El día 29, el gobierno irlandés pacta con la troika un rescate por el que recibirá 85.500 millones de euros en tres años. Antes de la crisis, Irlanda era el ojito derecho de los economistas ultraliberales: tenía el menor índice de gasto público con respecto al PIB, la presión fiscal más baja de la eurozona (con un tipo del impuesto de sociedades que da la risa y unas cotizaciones sociales bajísimas) y un superávit público del 2’5% del PIB. Sin embargo, la decisión del gobierno irlandés de recapitalizar los bancos y garantizar sus deudas dispara el déficit (en concreto, se hizo cargo de 48.000 millones de euros en bonos emitidos por los bancos, un 30% del PIB irlandés).

En realidad, Irlanda ha sido víctima de la libertad de establecimiento y de movimiento de capitales establecidas por los tratados europeos. Según estos principios, los bancos tienen libertad para instalarse allá donde deseen, sin que se controle desde ninguna instancia nacional o europea la relación entre el tamaño de un país y el de su sistema bancario. La relajación fiscal y reglamentaria de Irlanda atrajo a muchísimos bancos, y los bajos tipos de interés en comparación con la tasa de crecimiento irlandesa (lo que constituía un claro caso de apalancamiento positivo) y el paraguas del euro provocaron una afluencia masiva de capitales y la formación de una burbuja.

Cuando la burbuja estalló, como los tratados europeos prohíben expresamente la asistencia financiera entre países, es el país donde están instalados los bancos el único que puede y debe socorrerles.

Cabe destacar que a pesar de su situación y de la dureza de los ajustes impuestos por la troika, el gobierno irlandés se niega a subir el tipo del impuesto de sociedades o las cotizaciones sociales, cargando todo el peso de los ajustes en los recortes.


Primera insinuación acerca de la posibilidad de reestructurar deudas.

El Consejo Europeo de noviembre lanza por primera vez la idea de que sería posible reestructurar las deudas soberanas, es decir, que cabe la posibilidad de aplicar quitas a la deuda pública de los países en dificultades financieras. Sin embargo, esta declaración tiene el efecto contraproducente de redoblar los ataques especulativos contra Irlanda, poniendo de manifiesto que de querer reestructurar realmente la deuda habría que hacerlo de golpe y sin avisar.









Diversas personalidades europeas proponen la emisión de “eurobonos”.

Economistas y políticos europeos como Jean Claude Juncker, Giulio Tremonti e Yves Leterme proponen la creación de una Agencia Europea de la Deuda (ADE) que emitiría una deuda común a todos los países de la eurozona: los eurobonos. Según esta propuesta, la deuda sería garantizada por todos los países de la zona euro y el Consejo de la AED controlaría la política presupuestaria de los países miembros, de forma que podría negar financiación a los países más laxos en materia presupuestaria, que quedarían así a merced de los mercados financieros.

A pesar de que la propuesta no deja de ser severa con los países con déficit excesivo y de que las decisiones de la AED estarían sujetas a arbitrariedades que, como suele ocurrir en estos casos, acabarían decantándose a favor de los poderosos (por ejemplo, ¿quién decide que un déficit es excesivo y con qué criterios lo hace?¿habría reglas rígidas o un estudio pormenorizado de los casos?, etc.), Alemania se opone frontalmente a la emisión de eurobonos, ya que es previsible que éstos se emitan a tipos superiores a los del bono alemán y teme que acabaría teniendo que acudir igualmente al rescate de los países incumplidores.

Acerca de la postura alemana, especialmente ilustrativas son las declaraciones de Hans-Werner Sinn, presidente del Ifo Institute, que afirma que la emisión de eurobonos “eliminaría el efecto disciplinario de los diferenciales de los tipos de interés”.










Economistas alemanes exigen la quiebra de Grecia.

Un grupo de 189 economistas alemanes publica una carta abierta en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung en la que consideran injustificada la creación del FEEF. Este colectivo exige la declaración de quiebra de Grecia y la inmediata reestructuración de su deuda.

Afirman que el hecho de que los países del sur no puedan financiarse en los mercados demuestra que son insolventes, y ni Alemania debe verse arrastrada a pagar sus deudas ni el BCE puede poner en juego su reputación y la estabilidad monetaria por culpa de estos países.

En su opinión, la quiebra de un país significaría que sólo él es responsable de su deuda y demostraría que la deuda pública tiene un riesgo, por lo que los mercados financieros encarecerían su precio y los países del sur se verían obligados a ser más responsables en materia presupuestaria.









El Consejo Europeo aprueba el “Pacto por el Euro Plus”.

Con el impulso alemán y francés, el Consejo Europeo adopta el denominado Pacto por el Euro Plus (inicialmente denominado Pacto de Competitividad para la Convergencia), con el que se pretende supervisar la estrategia de los distintos países: en virtud del pacto, los jefes de Estado y de gobierno de los países del euro han de adoptar al principio de cada año unos compromisos concretos ante sus homólogos y la Comisión, que velarán por el cumplimiento de los mismos. Por supuesto, todos estos compromisos se refieren a aspectos relacionados con el déficit y las reformas estructurales.

El Pacto contempla toda una batería de medidas a implantar por los países de la eurozona:
−  aumentar la competitividad controlando la evolución de los costes de la mano de obra (es decir, a través de devaluaciones internas).
−  modificar los mecanismos de revisión salarial tendiendo a eliminar el ajuste de los salarios en función de los precios (aunque nada se dice de que la evolución de los salarios siga al menos la de la productividad, dando por bueno lo sucedido en Alemania, donde el incremento salarial fue muy inferior al de la productividad).
− mejorar la viabilidad de las finanzas públicas a través de reformas del sistema de salud y prolongando la edad de jubilación para ajustarla a la esperanza de vida.

Por supuesto, la promoción del empleo pasa sólo por reformas del mercado laboral y/o de las condiciones de contratación, no por medidas macroeconómicas o políticas industriales.

El Pacto por el Euro Plus marca un antes y un después en la política económica europea en la medida en que irrumpe en dos ámbitos que hasta entonces habían sido prerrogativas nacionales: la protección social y la negociación salarial.

Alemania también pide que se instaure un mecanismo de quiebra ordenada de los estados miembros y exige que todo aquel país que reciba ayudas y no reduzca su déficit se vea privado de voto en las instancias europeas en asuntos como el reparto de fondos estructurales.

Como es natural, todas estas reticencias y condiciones son interpretadas por los mercados como señales de la ausencia de solidaridad en Europa y refuerzan la presión sobre los países acosados por los especuladores.










Portugal pide el rescate.

El 5 de abril, el primer ministro de Portugal José Sócrates, que había presentado su dimisión el 23 de marzo y ejerce su cargo en funciones hasta que se celebren elecciones en junio, anuncia que se ve obligado a solicitar, para pagar los vencimientos de la deuda del país y evitar la bancarrota, la ayuda financiera internacional. Dos semanas de negociaciones después, el gobierno de Sócrates firma con la troika el acuerdo por el que el país recibirá 78.000 millones de euros a cambio de aceptar un voluminoso y exigente paquete de medidas de ajuste.










La troika ahoga a Grecia.

El FMI se muestra reticente a prestar más dinero a Grecia al no alcanzar esta los objetivos marcados de déficit (9% en vez del 7’5%). Alemania quiere imponer un ajuste más duro y que participen acreedores privados en el rescate (lo que viene a significar que tendrían que aceptar una quita parcial de la deuda).

El 12 de julio, el FEEF acepta transferir el siguiente tramo de ayuda a Grecia a cambio de que refuerce sus programas de austeridad y de que consiga 50.000 millones de euros a través de privatizaciones. A cambio, se reduce el tipo pagado por el rescate al 3’5% y se prolonga su plazo de vencimiento de 7 a 15 años; además, se impone a los bancos acreedores una quita del 20% que deberán declarar como voluntaria para que no se activen los seguros CDS contratados contra la deuda griega.


Ampliación ficticia de las competencias del FEEF.

El Consejo Europeo amplía las atribuciones del FEEF, de forma que pueda reflotar preventivamente países vulnerables e intervenir en la recapitalización de los bancos en problemas. Sin embargo, para que el FEEF actúe de esta manera será necesaria en cada caso la aprobación por unanimidad de todos los países de la eurozona… ¡lo que convierte en prácticamente imposible la aplicación de esta disposición!

A estas alturas, los acuerdos son tan insatisfactorios y las perspectivas de futuro tan negativas que los mercados se ceban incluso con los bancos franceses, que pierden un 50% de su valor en bolsa.










Los mercados acosan a España e Italia.

Los mercados atacan a Italia, cuya prima de riesgo supera los 500 puntos, y a España, que se acerca a esas cifras. Ambos países pagan intereses cercanos al 7% por sus bonos a diez años. El día 7, el BCE acepta comprar bonos españoles e italianos en el mercado secundario para aliviar su prima de riesgo, pero aprovecha la situación para exigir de forma contundente reformas estructurales a ambos países.

Sobrepasando todas sus atribuciones, el gobernador del BCE, Jean Claude Trichet, envía en secreto sendas cartas a los presidentes del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, e italiano, Silvio Berlusconi, en las que les advierte de que se trata de una medida excepcional y transitoria y les insta a acometer reformas estructurales (con especial énfasis en la necesidad de reformas laborales que flexibilicen el mercado de trabajo y de preferencia a las “necesidades individuales” de cada empresa por encima de los convenios colectivos).

Ese mismo mes de agosto, Zapatero promueve una reforma de la Constitución Española para fijar un límite al déficit público. La reforma es aprobada en menos de dos semanas con el apoyo del partido de la oposición.

La carta a Berlusconi se hará pública en septiembre, mientras que Rodríguez Zapatero se negará a mencionarla incluso ante peticiones expresas del líder de la oposición Mariano Rajoy. Finalmente, el contenido de la carta al presidente español se conocerá en febrero de 2012.










El Parlamento Europeo aprueba el 6-Pack propuesto por la Comisión.

Ante el silencio de los medios de comunicación y la indiferencia de la opinión pública, el Parlamento Europeo aprueba el paquete de seis directivas propuesto por la Comisión en septiembre de 2010. El texto se agrava en un aspecto: la Comisión podrá sancionar automáticamente a cualquier país cuyo déficit se aparte de la trayectoria prevista. No obstante, el texto también se suaviza en otros aspectos:
−        se incluye la tasa de desempleo entre las variables del cuadro de mandos macroeconómico de la Comisión.
−        los países con un superávit comercial excesivo podrán ser sancionados (es la primera vez que desde una instancia europea se deja entrever que políticas como la seguida por Alemania en la década de 2000 pueden ser perjudiciales para la Unión).
−        se rechaza la propuesta francoalemana de que los países sometidos a sanciones o procedimientos de déficit excesivo puedan verse privados de fondos estructurales.


Tormenta financiera en la eurozona.

La troika se niega a transferir a Grecia un tramo de 8.000 millones de euros al no estar cumpliendo los objetivos de déficit ni los compromisos en materia de privatizaciones. El día 21, la troika envía un comité de expertos a Grecia para poner al país bajo tutela. Se acepta que la quita del 20% de la deuda acordada en julio será insuficiente y se afirma que los bancos acreedores tendrán que aceptar quitas de hasta el 50%.

El Consejo Europeo decide permitir que el MEEF pueda ampliar sus recursos hasta el billón de euros recurriendo al FMI, a inversores privados, a países emergentes o a estrategias financieras como la titulización o la reestructuración de créditos (es decir, el mismo tipo de operaciones que condujeron a la crisis financiera internacional). Los bancos de la eurozona son instados a reforzar sus fondos propios. Eso sí, nada se dice acerca del papel del BCE, y el recurso a los países emergentes acaba convirtiéndose en un reconocimiento de la propia impotencia.

En medio de la tormenta, las agencias de calificación amenazan con retirar la máxima valoración crediticia a países como Francia o Austria.










La hora de los tecnócratas.

El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, anuncia la convocatoria de un referéndum para consultar al pueblo la política de recortes impuesta por la troika. El anuncio desata el caos en la Unión Europea y en los mercados.

Días después, Papandréu y Berlusconi son sustituidos por dos gobiernos tecnócratas presididos por Lukás Papadimos y Mario Monti, respectivamente.




La Comisión Europea presenta el “2-Pack”.

La Comisión Europea emite un paquete de dos directivas para reforzar su control sobre las políticas presupuestarias nacionales:
  1. Los presupuestos nacionales (y por tanto los planes de reducción del déficit) tendrán que basarse en las previsiones macroeconómicas emitidas por organismos independientes. La Comisión controlará de forma permanente los presupuestos de los países sometidos a procedimientos de déficit excesivo y podrá pedirle a cualquier estado que revise su presupuesto si considera que se está apartando de lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
  2. La Comisión podrá colocar a un país bajo vigilancia reforzada si considera que corre peligro de experimentar dificultades financieras. Asimismo, podrá obligar a un país a que solicite la ayuda del MEEF, lo que implicaría poner en marcha un plan de austeridad muy riguroso.









Alemania y Francia imponen la firma del “Pacto Presupuestario”.

Tras la reunión de la cumbre del G20 en Cannes, Francia, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy deciden imponer un nuevo tratado que garantice de una vez por todas la disciplina presupuestaria en Europa. Dicho tratado se acuerda en Consejo Europeo el día 9 de diciembre y recibe el nombre de “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza” (TECG), aunque conmúnmente es denominado Pacto Presupuestario (en realidad, el Pacto Presupuestario sólo es una parte del TECG, aunque es sin duda la más importante). Sus principales disposiciones son las siguientes:
−        Se mantienen las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del 6-Pack con respecto al déficit y la deuda pública con un añadido: el déficit estructural no puede superar el 0’5% del PIB.
−        Estas obligaciones se incluirán en las Constituciones de todos los estados o en normas jurídicas del mismo rango.
−        Se instalarán programas de convergencia para que todos los países puedan cumplir rápidamente con esta regla del equilibrio presupuestario, regla a la que se subordinan todas las políticas económicas.

El Tratado prevé que los mecanismos de corrección (fundamentalmente planes de ajuste y reformas estructurales) y las sanciones se activen automáticamente para que los gobiernos y parlamentos nacionales no interfieran ni dilaten los procedimientos que pueda poner en marcha la Comisión. Para garantizar este automatismo, se mantiene la exigencia de alcanzar una mayoría cualificada para protestar contra cualquier sanción y se dota de competencias al Tribunal de Justicia Europeo para que actúe contra cualquier país que incumpla los dictámenes de la Comisión. Además, se abre la posibilidad de que cualquier país pueda denunciar a otro estado ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de los compromisos de deuda y déficit, independientemente de lo que haya decidido la Comisión al respecto.

En realidad, el Pacto Presupuestario hace suyas las disposiciones ya recogidas en acuerdos y directivas anteriores como el Pacto por el Euro Plus, el 6-Pack y el 2-Pack, pero presenta la “virtud” de reunirlas todas en un gran tratado europeo, añadiendo como gran novedad el límite del 0’5% del déficit estructural y la exigencia de incluirlo en las Constituciones nacionales.

El Pacto Presupuestario será firmado por los jefes de Estado y de gobierno el 2 de marzo de 2012.













Nace el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

El 2 de febrero se firma el tratado intergubernamental por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El MEDE se crea con la idea de sustituir al MEEF y el FEEF, cuya desaparición estaba prevista para junio de 2013 al haberlos constituido con un período de vida previsto de tres años. Sin embargo, la creación del MEDE no supondrá la desaparición inmediata del FEEF, ya que éste durará hasta la extinción de los programas griego, irlandés y portugués.

Jurídicamente, el MEDE será una sociedad anónima con sede en Luxemburgo. Tendrá un capital inicial de 80.000 millones de euros ampliable a 700.000 millones si las circunstancias lo requieren. Al tener capital propio, el MEDE será independiente de las calificaciones de los países miembros, podrá endeudarse en los mercados como un organismo independiente e incluso podrá prestar antes de endeudarse.

Al ser un organismo autónomo, la deuda del MEDE no se computará como deuda de los países rescatados (como sí ocurre con las ayudas del FEEF). Además, el MEDE podrá comprar deuda pública de los países sin ninguna restricción, tanto en el mercado primario como en el secundario. El MEDE también podrá prestar dinero directamente a los países o recapitalizar entidades financieras.

Sin embargo, con objeto de que los países no puedan saltarse de forma indirecta la prohibición de financiarse en el BCE, el MEDE tampoco podrá financiarse directamente a través del BCE. Además, para que un país pueda beneficiarse de las ayudas del MEDE se exige que haya firmado previamente el Pacto Presupuestario y que se someta a un programa de ajustes y reformas estructurales impuesto por la troika.

El Tratado de Constitución del MEDE establece una medida adicional para presionar a los países que reciban ayudas: los créditos del MEDE tendrán preferencia sobre el resto de créditos y la deuda pública emitida por el país tendrá una “cláusula de acción colectiva”: en caso de insolvencia del país declarada por el FMI o la Comisión, el país deberá renegociar con sus acreedores una modificación de las condiciones de pago (lo que incluye la posibilidad de condonar parte de la deuda) y se aplicará el acuerdo a TODOS los acreedores si da su aprobación una mayoría cualificada de los mismos. Por supuesto, esta medida convierte la deuda pública de los países rescatados en activos de mayor riesgo, encarece su precio y aumenta la presión ejercida sobre ellos.

En un principio, se espera que el MEDE entre en vigor en julio de 2012.












Rescate a España.

El día 9, España se ve obligada a pedir un rescate para su sistema bancario tras la intervención de Bankia (cuyo nuevo presidente fija en más de 20.000 millones de euros las necesidades de capital para sanear la entidad).

El eurogrupo decide conceder una ayuda de hasta 100.000 millones de euros a España. Sin embargo, como el MEDE aún no está operativo, la ayuda se articulará a través del FEEF, lo que implica que se computará como deuda pública española.



Se firma el Pacto para el Crecimiento y el Empleo.

El día 29, fruto de las presiones del nuevo presidente francés François Hollande para renegociar el Pacto Presupuestario, se firma el Pacto para el Crecimiento y el Empleo.

Sin embargo, más allá de declaraciones altisonantes vacías de contenido, el Pacto no fija ningún objetivo concreto de crecimiento o empleo. En el capítulo de las medidas concretas de reactivación económica el panorama es aún más pobre: se prevé un estímulo de 120.000 millones de euros sin fijar plazo alguno para su ejecución (se estima que los programas de austeridad europeos suponen recortes de unos 240.000 millones al año). Estos 120.000 millones se desglosan de la siguiente forma:
−        un incremento de 60.000 millones de la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones que ya estaba previsto antes de firmar el Pacto.
−        una emisión de obligaciones por importe de 5.000 millones de euros que ya estaba presupuestada con anterioridad.
−        destinar 55.000 millones de los fondos estructurales, una cantidad que ya estaba disponible, a “dinamizar” el crecimiento.

Como se puede observar, no se añade ninguna partida que no estuviera ya prevista o disponible, y además no se aportan garantías efectivas de que vayan a ejecutarse realmente.











El BCE anuncia un programa de compra ilimitada de deuda pública.

El día 6, el BCE anuncia un programa de compra de títulos de deuda pública a corto plazo de los países en dificultades con el objeto de reducir sus primas de riesgo. El gobernador del BCE, Mario Draghi, no fija ningún límite a la compra de títulos y, además, anuncia que el BCE renunciará a cualquier status de acreedor privilegiado, por lo que correrá el mismo riesgo que cualquier acreedor privado y no contribuirá a encarecer el precio de la deuda. Por supuesto, todas las compras se realizarían en el mercado secundario, nunca en el primario.

Eso sí, según anuncia Draghi, para que el BCE compre deuda de un país, éste ha de haber solicitado la ayuda del FEEF o del MEDE, es decir, ha de someterse a un programa de ajustes y recortes dictados por la troika. Además, como se trata de títulos a corto plazo, el BCE podrá suspender la ayuda si los países no respetan sus compromisos.











Rescate a Chipre.

El 22 de Noviembre, el Gobierno de Chipre acuerda un rescate financiero con la troika por un importe inicial de 17.000 millones de euros. Las negociaciones se iniciaron a finales de junio a petición del gobierno chipriota por miedo al contagio de la economía de Grecia, muy ligada a la chipriota por su cercanía. Las condiciones del rescate seguirán siendo no obstante objeto de negociación durante los meses siguientes.

Los problemas de Chipre son variados. Por una parte, su economía es totalmente dependiente de la griega, tanto a nivel productivo, pues Grecia absorbe el 44% de sus exportaciones, como financiero. En este sentido, los bancos chipriotas están muy expuestos a la deuda pública griega, en gran medida por su propio comportamiento temerario, pues los principales bancos chipriotas compraron bonos griegos a precio de saldo al Deutsche Bank después de iniciarse la crisis. En concreto, la quita de la deuda griega acordada en octubre de 2011 fue muy perjudicial para la banca chipriota.

Chipre presenta un problema similar al que tenía Irlanda antes de su crisis financiera: el sobredimensionamiento de su sector financiero. En concreto, el sector bancario chipriota es siete veces superior al producto interior bruto del país. En gran medida, esto se ha debido a la baja fiscalidad chipriota (un 10% en el impuesto de sociedades, como en Irlanda), lo que ha atraído un gran número de sociedades instrumentales, radicadas en la isla sólo para ahorrar impuestos. Los bancos chipriotas son también el destino elegido por los oligarcas rusos para guardar sus ahorros.











El supervisor único, ¿primer paso hacia la Unión Bancaria?

La Unión Europea alcanza un acuerdo para convertir al BCE en el supervisor bancario de la eurozona. En dicho acuerdo se encomienda al BCE la vigilancia de los grandes bancos de la zona euro. Quedarían fuera de esta supervisión las entidades con activos inferiores a 30.000 millones de euros, siempre que no sean uno de los tres bancos más importantes de algún país. Con este criterio, quedarán fuera de supervisión del BCE las cajas de ahorros alemanas, un aspecto fundamental para la canciller Angela Merkel.

En principio, el establecimiento de un mecanismo único de supervisión abre la posibilidad de recapitalizar directamente las entidades financieras sin que tengan que participar los gobiernos nacionales. Sin embargo, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) establece que dicha recapitalización seguiría los procesos habituales de decisión, es decir, que requeriría la unanimidad de los gobiernos de la eurozona.

En cualquier caso, el BCE no asumiría esas funciones supervisoras como muy pronto hasta marzo de 2014.










El Consejo Europeo da luz verde a los presupuestos más restrictivos de la historia de la Unión Europea.

El día 8, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete alcanzan un principio de acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para el período 2014-2020. En el acuerdo se fija un techo de gasto de 960.000 millones de euros, lo que supone que un recorte de casi 34.000 millones con respecto al presupuesto del período anterior. Es la primera vez en la historia de la Unión en la que el presupuesto de un período sufre recortes respecto al del período anterior. El acuerdo se consigue fruto de las presiones de Angela Merkel y David Cameron.

La mayor parte del recorte se concentra en las partidas destinadas a infraestructuras, I+D e innovación.












Primer corralito en la Unión Europea.

El sábado 16 de marzo, los 17 ministros de Economía de la eurozona aprueban un plan de rescate para Chipre según el cual Chipre recibiría 10.000 millones de euros a cambio de firmar un Memorando de Entendimiento que implicaría fuertes ajustes estructurales. El resto de los 17.000 millones en los que se ha cuantificado el rescate a Chipre los aportará el propio gobierno chipriota.

De esos 7.000 millones de euros, Chipre recaudará 5.800 millones a través de un impuesto a los depositantes bancarios. Este “impuesto” solo se aplicará una vez, y supondrá un gravamen del 6’75% para los depósitos inferiores a los 100.000 euros y del 9’9% para los depósitos superiores a esa cantidad. Para evitar el pánico bancario y la salida incontrolada de fondos se establece un “corralito”, es decir, el cierre temporal de los bancos hasta que se apruebe legalmente la medida. Es el primer corralito en el seno de la Unión Europea.

El día 19, el Parlamento Chipriota rechaza por unanimidad el impuesto a los depósitos bancarios. El día 22 presenta un plan alternativo. Finalmente, se llega a un acuerdo mediante el cual el primer banco chipriota, el Banco de Chipre, se salvará de la liquidación y la segunda entidad del país, el banco Laiki, desaparecerá, teniendo que soportar las pérdidas de la operación los accionistas, bonistas y depositantes con fondos superiores a 100.000 euros. Tras doce días, se levanta el corralito.

Aunque el gravamen se presentaba como un impuesto, obviamente se trataba de una quita a los depositantes, que constituye además una flagrante violación de una directiva comunitaria, la 2009/14, por la que se establece que los depósitos de menos de 100.000 euros están totalmente garantizados y no puede practicárseles ningún tipo de quita.

La implantación del primer corralito en la Unión Europea, unida a la constatación de que los depósitos de los europeos ya no están seguros (por mucho que todas las autoridades comunitarias señalen por activa y por pasiva que se trata de un caso único), desata el caos en toda la Unión. Al final, el resultado más palpable de la actuación de la Unión es el brutal golpe a la confianza de la ciudadanía respecto a su seguridad económica, respecto al futuro del euro y respecto a la habilidad de dirigentes y gobiernos para gestionar la situación.










El Tribunal Constitucional Portugués declara inconstitucionales los recortes impuestos por la troika.

El día 5 de abril, en respuesta a un recurso interpuesto por el presidente portugués Anibal Cavaco Silva el 1 de enero, el Tribunal Constitucional de Portugal declara ilegales varias de las medidas ajuste, por valor de unos 1.200 millones de euros, incluidas en los presupuestos portugueses para cumplir las exigencias del rescate financiero impuestas por la troika. En concreto, se consideran inconstitucionales cuatro medidas referidas a la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo y enfermedad.

Al día siguiente, tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros portugués, el gobierno advierte que la decisión del Tribunal Constitucional compromete la credibilidad externa del país y anuncia nuevos recortes en sanidad, seguridad social y empresas públicas para compensar las medidas anuladas. La Unión Europea recibe con alivio y satisfacción el compromiso de Portugal de mantener el programa de ajuste. Aun así, el día 15 la troika regresa a Portugal para repetir el séptimo examen de su cumplimiento de las condiciones del rescate. Este examen ya se había dado por aprobado en marzo, pero la situación creada por el Tribunal Constitucional intranquiliza a la troika.











Cierra la televisión pública griega.

La televisión pública griega, la cadena ERT, interrumpe sus emisiones la madrugada del día 12. La medida supone el despido inmediato de casi 3.000 trabajadores. El Gobierno griego anuncia que el canal volverá a emitir dentro de unos meses con una plantilla reducida de 700 empleados. La Comisión Europea y el FMI afirman que no han pedido el cierre de la televisión pública griega, aunque avalan la decisión como parte de la política de austeridad necesaria en Grecia.


Se adelanta la aplicación del fondo de empleo joven.


El Consejo Europeo de junio aprueba adelantar a 2014 y 2015 la aplicación de los 6.000 millones de euros destinados a fomentar el empleo según estaba previsto en el Presupuesto 2014-2020. A España le corresponderán 1.900 millones de ese fondo.

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