miércoles, 19 de noviembre de 2014

FLEXIBILIZANDO EL MERCADO DE TRABAJO

(CON LO QUE CONCLUYE NUESTRA TRILOGÍA SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO)


En nuestro último artículo, al hablar de las políticas activas de empleo, mencionábamos que el objetivo de los gobiernos al aprobar reformas laborales es flexibilizar el mercado de trabajo.

Normalmente, "flexibilizar el mercado de trabajo" se utiliza como eufemismo de "abaratar el despido". Sin embargo, como suele ocurrir, no todo es tan sencillo, así que una buena forma de finalizar nuestra trilogía sobre el mercado de trabajo podría ser analizar este concepto.

En términos económicos, cuando hablamos de "flexibilidad", hablamos de "capacidad de adaptación". Si nos referimos a la flexibilidad de la empresa, estamos hablando de la capacidad de esta para ajustarse a las necesidades de los consumidores y adaptarse a los cambios del entorno.
Por ejemplo, si hablamos de flexibilidad productiva, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene la empresa para alterar su producción sin incurrir en elevados costes:
  • la flexibilidad del producto hace referencia a la capacidad para incrementar y/o reducir la gama de productos de la empresa y adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes.
  • la  flexibilidad de volumen hace referencia a la capacidad para variar el nivel de producción de la empresa, aumentando o disminuyendo la velocidad de su ciclo de explotación.
  • la flexibilidad de las líneas de producción hace referencia al grado de división del trabajo entre trabajadores y bienes de capital que permita maximizar el volumen de producción.
Pero, dado el tema de nuestro artículo, la que nos interesa es la flexibilidad laboral o flexibilidad del mercado de trabajo. Si, como hemos dicho, flexibilidad quiere decir capacidad de adaptación, el término flexibilidad laboral tiene también unas claras connotaciones ideológicas, en este caso de carácter liberal.

Así, si los liberales adoran los mercados, a los que consideran perfectos y eficientes, flexibilizar el mercado de trabajo implica eliminar todas las rigideces que lo constriñen y que le impiden actuar como un mercado eficiente. Por tanto, flexibilizar el mercado de trabajo supondría una desregulación radical del mercado, eliminando las leyes y disposiciones que tienden a proteger al trabajador (tales como las indemnizaciones por despido o las trabas para tramitar un expediente de regulación de empleo).

Pero para comprender mejor qué implica la flexibilidad laboral y de qué manera puede implementarse, lo mejor es ver qué formas puede adoptar...
1.- Flexibilidad numérica o externa: hace referencia a la capacidad de la empresa para ajustar el número de empleados o de horas de trabajo contratadas a las fluctuaciones de la demanda. Una empresa gozará de flexibilidad numérica cuando el número de trabajadores disponibles se corresponda con el número de trabajadores necesarios en cada momento.
Tradicionalmente,  es el tipo de flexibilidad en el que se centran las peticiones de los empresarios españoles cuando se dirigen al gobierno. Puede conseguirse a través de medidas como la eliminación de las exigencias requeridas para el despido de los trabajadores o el incentivo de la contratación temporal (de hecho, las sucesivas reformas laborales aprobadas por los ejecutivos españoles han incidido especialmente en ambas medidas).
2.-  Flexibilidad funcional o interna: hace referencia a la capacidad de la empresa para adecuar las competencias de los trabajadores a los cambios tecnológicos y a las exigencias de los consumidores y del mercado. La flexibilidad interna debe permitir a la empresa reubicar a los trabajadores rápidamente y sin fricciones entre diferentes actividades y tareas.
Las medidas que persiguen la flexibilidad interna son aquellas que favorecen la movilidad funcional y geográfica, la distribución irregular del tiempo de trabajo, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o la suspensión del contrato y/o reducción de la jornada de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Son medidas muy positivas en la medida en que permiten hacer frente a las oscilaciones de la demanda sin recurrir al despido y preservando el capital humano del que dispone la empresa, aunque en muchos casos no dejan de ser costosas para el trabajador.
Al margen de las posibles medidas gubernamentales, la empresa también tiene que decir mucho a la hora de apostar por la flexibilidad interna, favoreciendo la formación continua y el reciclaje de los trabajadores y la integración del personal en la empresa (por ejemplo, a través de la agilización de los canales de comunicación interna, la dotación de mayores espacios de participación en la empresa, la búsqueda de un proyecto de empresa compartido por los trabajadores, etc.).
3.- Flexibilidad financiera: hace referencia a la capacidad de la empresa para establecer una estructura salarial acorde con los resultados obtenidos y el desempeño efectivo de los trabajadores.
Una de las medidas más habituales que buscan garantizar la flexibilidad financiera son las propuestas que pretenden vincular el salario de los trabajadores a la productividad en vez de a la inflación. En el ámbito de la empresa es muy común apostar por medidas de flexibilidad financiera, por ejemplo en aquellos salarios que dependan del cobro de comisiones o en el establecimiento de incentivos en función de las ventas obtenidas (seguro que a todos se os ocurren casos cercanos, por ejemplo en la estructura salarial de los trabajadores de grandes cadenas comerciales como El Corte Inglés).
Para tener una visión más completa de la flexibilidad, resumamos todos estos conceptos en un gráfico, como hicimos en las anteriores entradas dedicadas al mercado de trabajo:


martes, 4 de noviembre de 2014

LUCHANDO CONTRA EL PARO

Fundamentalmente, el éxito o el fracaso en la gestión económica de un gobierno se mide por su capacidad para generar empleo a lo largo de la legislatura, pero... ¿tiene realmente un gobierno capacidad para crear empleo o tan sólo se limita a crear las condiciones favorables para que éste florezca por sí mismo?

Si en la anterior entrada hicimos un repaso a las distintas formas de medir el paro, a continuación vamos a ver las principales medidas que están en manos del gobierno para luchar contra el desempleo.


¿Os acordáis de la caja de muñecos de la anterior entrada? ¡Pues hay que vaciarla!
En todo caso, antes de centrarnos en las políticas de empleo, es necesario detenernos en varios conceptos a los que haremos referencia a lo largo de la entrada y que no siempre son entendidos correctamente por el ciudadano medio. En concreto, me refiero a la oferta y la demanda de trabajo.

El mercado de trabajo es un mercado porque en él confluyen los compradores y vendedores de un bien concreto: el trabajo (entendido este como el esfuerzo físico y/o intelectual que se presta a cambio de una retribución). Compradores y vendedores determinan la demanda y la oferta de trabajo:
  • la oferta de trabajo proviene de los trabajadores, que ofrecen su trabajo a las empresas a cambio de un salario que les permita obtener los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades. Como en la oferta de cualquier bien, cuanto mayor sea el salario ofrecido por las empresas, mayor será el número de personas dispuestas a trabajar (gráficamente, esto se representa mediante una curva creciente).
  • la demanda de trabajo proviene de las empresas, que necesitan trabajadores para desarrollar su actividad. Como en la demanda de cualquier bien, cuanto menor sea el salario a pagar mayor será el número de trabajadores que estarán dispuestas a contratar las empresas (gráficamente, esto se representa mediante una curva decreciente).

Es importante hacer esta aclaración, puesto que en el lenguaje cotidiano solemos referirnos a estos conceptos al revés de como lo hacen los economistas: aunque coloquialmente decimos que las empresas realizan ofertas de trabajo a través de la prensa y de las páginas web, quien en verdad realiza una oferta de trabajo es el trabajador, que a fin de cuentas es el dueño de su trabajo y el que decide si lo ofrece o no a un empresario (al menos, mientras no vuelva a instaurarse la esclavitud); lo que en realidad hacen las empresas es demandar trabajo, puesto que necesitan a alguien que realice una determinada función en la empresa.

Siguiendo con los conceptos explicados en el artículo anterior, la oferta de trabajo se correspondería con la población activa, pues ésta engloba tanto a las personas que tienen trabajo como a las que lo buscan. Si nos atenemos a las leyes de la oferta y la demanda que rigen en todo mercado, podemos decir que el paro se produce como consecuencia de un exceso de oferta en el mercado de trabajo, pues tiene lugar cuando, para un salario dado, la oferta de trabajo (las personas que quieren trabajar) es mayor que demanda de trabajo (los trabajadores que quieren contratar las empresas).




Hay corrientes de economistas que afirman que, en última instancia, el paro es un desempleo voluntario, pues podría reducirse siempre que el trabajador aceptase cobrar un menor salario. Otros, en cambio, pensamos que el paro es un problema de demanda, es decir, de insuficiencia de la demanda agregada de la economía (si no hay compradores para sus bienes y servicios, las empresas no contratarán a más trabajadores para producirlos), pero no entremos en este debate, que no es el objeto de este artículo...
Una vez repasados estos conceptos, centrémonos pues en los instrumentos con los que cuentan los gobiernos en materia de empleo. Si nos atenemos a la definición dada por la ley (Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo), las políticas de empleo son aquellas políticas públicas encaminadas a la consecución del pleno empleo, la calidad en el empleo, la reducción de las situaciones de desempleo y la protección en las situaciones de desempleo. Dentro de las mismas, podemos encontrar dos tipos de políticas:
  1. Políticas pasivas de empleo: tienen por objeto la protección económica del desempleado mientras dure la situación de desempleo. Incluyen tanto los sistemas de prestación por desempleo como políticas fiscales pasivas (por ejemplo, exenciones en el IRPF a personas desempleadas).
  2. Políticas activas de empleo: hacen referencia a la intervención directa de los gobiernos en el mercado de trabajo para prevenir o aliviar el desempleo y para mejorar el funcionamiento del mercado trabajo en términos generales; por tanto, inciden directamente sobre la oferta y/o la demanda de trabajo o sobre la forma en que ambas se relacionan.
Lógicamente, son las políticas activas las que deben utilizarse para luchar contra el paro, teniendo las políticas pasivas un carácter de protección social. En todo caso, los gobiernos sí que hacen uso de las políticas pasivas para luchar contra el desempleo, fundamentalmente reduciendo la protección a los parados para obligarles a que busquen trabajo con más ganas (como hizo Mariano Rajoy en julio de 2012 o como piden insistentemente las organizaciones patronales).
Por mi parte, aunque reconozco que bajar las prestaciones obliga a los trabajadores a darse más prisa en encontrar empleo (o los hace menos "exigentes" con las ofertas que les lleguen, para entendernos), no estoy de acuerdo con esas medidas porque creo que las políticas públicas no deben guiarse única y exclusivamente por criterios economicistas, sino que también debe primar la protección y el bienestar de la población.
Centrándonos en las políticas activas, estas pueden dividirse en tres categorías según afecten a la oferta de trabajo, a la demanda de trabajo o a la forma en que ambas interactúan:
1.- Medidas que actúan sobre la oferta de trabajo: tratan de mejorar y/o reducir la oferta de trabajo.
  • En la medida que el desempleo se puede considerar como un exceso de oferta en el mercado de trabajo, una de las medidas más claras para luchar contra él sería reducir la oferta de trabajo. Dentro de estas medidas podemos incluir las jubilaciones anticipadas, la prolongación de la vida educativa de los jóvenes (de modo que las nuevas generaciones tarden más en incorporarse al mercado de trabajo al tiempo que mejoran su cualificación), la prohibición de las horas extraordinarias o la reducción de la jornada laboral.
  • Medidas de formación e inserción en el mercado de trabajo: comprenden las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores. La empleabilidad de un trabajador hace referencia a que disponga de la cualificación y adaptabilidad que exigen el dinamismo del mercado de trabajo y el sistema empresarial; la empleabilidad implica adquirir un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y comportamientos que permitan al individuo alcanzar sus objetivos personales y a la empresa alcanzar los suyos como organización. Dentro de estas medidas se incluirían todos los cursos de formación y reciclaje para jóvenes y desempleados, tristemente célebres por el escándalo de los ERE.
2.- Medidas destinadas a aumentar la demanda de trabajo, ya sea de forma genérica o dirigida a colectivos concretos. Pueden concretarse en toda una batería de medidas:
  • Fomento de la contratación: consiste en incentivar la creación de puestos de trabajo mediante subvenciones a las empresas que creen puestos de trabajo o reducciones selectivas en las cotizaciones sociales a pagar por las empresas que contraten trabajadores. Un ejemplo reciente sería la tarifa plana de 100 euros de cotización a la seguridad social por trabajador indefinido que anunció Mariano Rajoy en febrero de 2014. En la medida en la que a las empresas les sería más barato contratar nuevos trabajadores, se supone que aumentarán su demanda de trabajo.
  • Apoyo al autoempleo: incluye programas de asesoramiento y financiación que faciliten la inserción laboral de personas desempleadas por la vía del autoempleo. Un ejemplo sería la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo (es decir, recibirla toda en un pago único) para destinarla a la creación de un nuevo negocio.
  • Creación de empleo público: Una forma obvia de reducir el desempleo es la creación de empleo público. Lógicamente, esta medida sólo será efectiva si los puestos de trabajo que se creen sean realmente necesarios y si la situación de las arcas públicas permite la creación de estos puestos de trabajo. En todo caso, la creación de puestos de trabajo públicos es una decisión que escapa al ámbito de la política laboral y que responde a decisiones relacionadas con las políticas de educación, sanidad, justicia, seguridad, etc.
  • Apoyo a sectores económicos concretos: consiste en incentivar económicamente a determinados sectores para estimular la creación de empleo o frenar su destrucción. Algunos ejemplos serían las sucesivas rondas del Plan Renove o las ayudas a la minería del carbón. De todos modos, como en el caso anterior, estas políticas pueden calificarse como estratégicas y escapan del ámbito de la política laboral, quedando generalmente en manos de ministerios como el de Economía o el de Industria.
3.- Medidas de intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo: pretenden facilitar la interacción entre oferentes y demandantes de trabajo. Básicamente consisten en la mejora de los flujos de información del mercado de trabajo a través de los servicios públicos de empleo, aunque en los últimos tiempos crece la colaboración entre dichos servicios públicos y entidades privadas como las empresas de trabajo temporal (ETT). Las principales actuaciones sobre los oferentes de empleo son la orientación, información y seguimiento.
Podemos sintetizar todas estas medidas en el siguiente gráfico (del que eliminamos aquellas medidas que por su amplitud escapan del ámbito de las políticas de empleo):



domingo, 5 de octubre de 2014

MIDIENDO EL PARO


Si hay un problema acuciante en la economía española, es el paro. Las estadísticas oficiales arrojan cifras escalofriantes que alarman a la opinión pública: un 25% de paro, seis millones de personas sin empleo, etc. Sin embargo, si queremos conocer bien la dimensión del problema es imprescindible tener unas nociones básicas sobre los instrumentos que se utilizan para medirlo. A eso dedicaremos la siguiente entrada.


¿Cómo podemos calcular las figuras que debemos incluir en la caja? Lo veremos en esta entrada.

El instrumento más utilizado para estudiar el estado de la fuerza de trabajo del país es la Encuesta de Población Activa (EPA), una encuesta realizada trimestralmente a unas 65.000 familias por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con distintas modificaciones, viene realizándose desde 1964 y responde a criterios estandarizados para la Unión Europea, por lo que sirve para comparar nuestra situación con la de muchos países de nuestro entorno.

Como su propio nombre indica, la EPA no es un censo ni un padrón, es una encuesta, por lo que existe un margen de error. Además, es una encuesta de hogares familiares, no de personas, por lo que excluye los datos relativos a aquellas personas que residan en viviendas colectivas (cuarteles, residencias, internados, etc.); por tanto, puede decirse que la EPA minusvalora la población española al no tener en cuenta a estas personas. En todo caso, el INE le atribuye unos márgenes de error muy ajustados (en torno al 2% para la medición de la población activa) y la mayor parte de los economistas confían en los datos de la EPA como en la imagen más fiel de la población activa de un país.

Ya he mencionado en un par de ocasiones el termino "población activa". En efecto, la EPA desagrega la población española en una serie de categorías atendiendo a la situación laboral de cada individuo. Veamos brevemente cuáles son estas categorías para conocer cómo se estudian los datos de empleo.

Población menor de 16 años: en España está prohibido que los menores de 16 años desarrollen cualquier tipo de trabajo (con excepciones muy concretas relacionadas con el mundo del espectáculo), por lo que estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de calcular los porcentajes de parados y ocupados en España.

Población activa: está formada por las personas de 16 años o más incorporadas al mercado de trabajo. Es decir, incluye a las personas que están trabajando y a las que buscan trabajo. Conviene precisar que, mientras que el INE considera población activa a todas las personas de 16 o más años que reúnan estas características, Eurostat no tiene en cuenta a las personas mayores de 64 años (o la edad legal de jubilación), lo que introduce ligeras diferencias entre los datos de una y otra agencia.

  • Ocupados: son las personas que tienen un puesto de trabajo. Los trabajadores pueden serlo por cuenta propia o por cuenta ajena: en el primer caso, estaríamos hablando de empresarios autónomos, empleadores (con o sin trabajadores asalariados a su cargo) y cooperativistas o miembros de otras formas de economía social; en el segundo caso, estaríamos hablando de trabajadores del sector público o de la empresa privada. En todo caso, las posibilidades de clasificar a los trabajadores son ilimitadas, pudiendo distinguir entre trabajadores fijos o temporales, a tiempo completo o parcial, etc.
  • Parados: según la EPA, son parados las personas de 16 o más años que no tienen un puesto de trabajo pero que lo están buscando activamente y están disponibles para empezar a trabajar en un plazo de dos semanas. Al igual que los ocupados, los parados pueden subdividirse atendiendo a distintos criterios: si buscan su primer empleo o si ya han trabajado con anterioridad, si perciben prestaciones de desempleo o no, según la duración de la situación de desempleo, según la actividad profesional que desarrollaban antes de quedarse en paro, etc.

Población inactiva: según el INE, está integrada por las personas de 16 o más años no incluidas en ninguna de las categorías anteriores, lo que incluye a estudiantes, jubilados y pensionistas, personas dedicadas a las tareas del hogar, rentistas, incapacitados para realizar cualquier actividad, voluntariado que trabaja sin remuneración en actividades benéficas, personas que no tienen interés en estudiar ni en trabajar (los populares "ninis"), etc.

Para situar mejor estas categorías de población, veámoslas en el siguiente gráfico, en el que además se incluyen los datos relativos a la situación española en el segundo trimestre de 2014:



Datos relativos al segundo trimestre de 2014. Fuente: INE.

miércoles, 3 de septiembre de 2014

EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI, DE THOMAS PIKETTY (reseña de un no lector)


Thomas Piketty y la portada de la edición en inglés de su libro.

Si un libro sobre economía ha causado revuelo en los últimos tiempos, ha sido sin duda alguna El Capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty. Si bien el libro fue publicado originalmente en Francia, ha sido el monumental éxito de su traducción al inglés lo que le ha catapultado a la fama y ha creado una gran controversia en los círculos económicos. Como suele ocurrir, España llega tarde a este boom y el libro aún no se ha publicado en nuestro país. En la última feria del libro de Madrid, varios trabajadores de la editorial FCE (Fondo de Cultura Económico) me comentaron que tenían prevista su publicación en español para este próximo otoño, por lo que puede que la espera no sea ya muy larga. De todas formas, mientras que aguardamos a que eso suceda, dedicaré este post a resumir brevemente la tesis principal del libro de Piketty para poneros al corriente a aquellos que aún no sepáis de lo que trata el libro.
Como he hecho en el título de la entrada, ya aviso de antemano de que no he leído el libro. La información de este artículo está sacada de lo que he podido leer en distintas revistas y páginas web. Por otra parte, es obvio que esta breve entrada es tan solo un apunte; el libro de Piketty tiene 700 páginas y está lleno de datos y no puedo esperar resumirlo en cinco párrafos. Si lo preferís, mi única intención es poneros en antecedentes a aquellos que acabéis leyendo el libro cuando se publique en español.
 Thomas Piketty debutó en el mundo económico con solo 22 años al escribir una tesis sobre la redistribución de la riqueza. Especialmente notables, y muy citados en el ámbito académico, han sido sus estudios sobre la desigualdad realizados junto a Emmanuel Saez, y la desigualdad es también el tema central de su último libro. Por tanto, podemos decir que Piketty lleva toda su vida estudiando la desigualdad, algo que no es extraño viniendo del hijo de dos revolucionarios de mayo del 68 que se retiraron a criar cabras en el sur de Francia como una forma de escape de una sociedad injusta.

En su libro, Piketty aborda el estudio de la creciente desigualdad como un rasgo autodestructivo de la sociedad. Las variables claves en el análisis del autor son la tasa de rendimiento del capital, r, y la tasa de crecimiento de la economía, g, medida normalmente a través de la tasa de variación del PIB. En opinión de Piketty, la tendencia normal de la economía es que r sea mayor que g, lo que incrementa la desigualdad y pone en peligro la estabilidad social. En su obra, riqueza y capital son equivalentes y constituyen el capital productivo de la sociedad; por tanto, cuanto mayor sea el peso del capital en la economía, mayor será la concentración de la riqueza y la diferencia entre ricos y pobres.

El estudio de Piketty abarca más de tres siglos, que se inician con la Revolución Industrial, cuando el capital gana protagonismo frente a la mano de obra:

  1. Con la Revolución Industrial se inicia un proceso en el que las máquinas pasan a sustituir a la mano de obra y el capital llega a suponer siete veces la generación anual de riqueza (es decir, se necesitaría acumular toda la producción de siete años para reunir una riqueza equivalente al capital productivo previo).
  2. A partir de 1914, la proporción entre capital y producción de la economía se equilibra debido a la destrucción de bienes y propiedades en general provocada por la I Guerra Mundial, a la que se unió el crack del 29 y la devastación de la II Guerra Mundial. A esta sucesión de catástrofes le sigue un período en el que la proporción entre capital y producción está mucho más equilibrada.
  3. En las últimas décadas, esta tendencia se ha invertido, regresando a una situación en la que el capital es seis veces superior a la producción de la economía. Simultáneamente, la brecha que separa a ricos y pobres se ha ampliado.
Cuando la tasa de rendimiento del capital, r, es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, g, el capital (es decir, la riqueza) está creciendo más que la economía en su conjunto, de modo que el trozo del "pastel" que se quedan los ricos es mayor y el que queda para los pobres es cada vez menor.

Los capitalistas, que obtienen una parte cada vez mayor de la riqueza a repartir, la dejan en herencia a sus sucesores, que ya nacen ricos y ven crecer su capital por encima de lo que crece la economía sin necesidad de trabajar. De este modo, poco a poco, el capital va creciendo en relación al resto de la economía.


jueves, 31 de julio de 2014

NUFF SAID!!!!


Marshall Auerback, economista, representante de la llamada Nueva Teoría Monetaria y miembro consejero del Instituto Franklin y Eleanor Roosevelt, donde colabora con el proyecto de política económica alternativa New Deal 2.0.

viernes, 27 de junio de 2014

HABLANDO DE LAS SICAV


Parece que el último escándalo político que ha afectado a muchos de nuestros eurodiputados ha vuelto a poner de moda a las SICAV, así que es un buen momento para dedicar una entrada a explicar en qué consiste esta figura financiera.

Como ya dijimos en una entrada en la que hablábamos del sistema impositivo español, las SICAV (acrónimo que significa "sociedad de inversión de capital variable") son sociedades anónimas que invierten en los mercados financieros el capital aportado por sus socios. Es decir, las SICAV son instituciones de inversión colectiva muy similares a los fondos de inversión, aunque con algunas diferencias significativas que iremos señalando a lo largo de esta entrada.

Cuando se dieron a conocer, se generó una gran polémica por el privilegio que suponían para las grandes fortunas. ¿Es para tanto ese privilegio? Bueno, lo cierto es que tienen grandes ventajas a las que sólo puede acogerse la gente con muchos recursos, aunque afortunadamente muchas menos desde hace tres años.

Como las SICAV son sociedades anónimas, deberían tributar sus beneficios por el Impuesto de Sociedades, cuyo tipo general está en el 30% (aunque el gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado su bajada al 25%). Sin embargo, las SICAV tributan por sus beneficios a un tipo superreducido del 1%.

El fundamento teórico de este tipo impositivo tan reducido es que los inversores pierden el control de su dinero cuando lo depositan en un vehículo de inversión colectiva, por lo que no sería justo aplicarles el mismo gravamen que a un inversor individual que decide qué hacer con su dinero. Este razonamiento su lógica: si una persona adquiere participaciones en un fondo de inversión pierde el control sobre su dinero, que pasa a ser administrado por la sociedad gestora del fondo; cuando quiera recuperar su dinero, venderá su participación y tributará por las plusvalías obtenidas. Sin embargo, esto no es tan cierto en el caso de las SICAV.

Al contrario que los partícipes de un fondo de inversión, los socios de la SICAV sí deciden de forma colectiva en qué se invierte el dinero de la sociedad. Sin embargo, como la ley exige que la SICAV esté constituida por un mínimo de cien socios, se le aplica igualmente la tributación reducida al suponer que poner a tantas personas de acuerdo implica que muchos de ellos no estarán conformes con las acciones de la sociedad.

Pero hecha la ley, hecha la trampa, y es público y notorio el caso de muchas SICAV en las que hay muy pocos socios reales y un gran número de socios ficticios, que solo aportan su nombre y un capital simbólico de 1 € para que la sociedad pueda constituirse conforme a la ley. Estos socios ficticios son los denominados "mariachis", llamados así por la letra de la famosa ranchera: "con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley..."; es decir, el dueño de la SICAV hace lo que quiere y los mariachis lo acompañan.

Tengamos en cuenta que las SICAV son sociedades anónimas y que su capital está dividido en acciones. Por tanto, aunque haya cien socios, si noventa y nueve de ellos son mariachis, lo normal es que cada uno de ellos tenga una simple acción y que el socio principal tenga miles de acciones y haga y deshaga a su antojo.

En definitiva, las SICAV tienen la ventaja de tributar como una institución de inversión colectiva cuando la mayoría de las veces son vehículos de inversión para multimillonarios que deciden sin problemas qué hacer con su dinero. Los defensores de las SICAV afirman que los socios de las mismas pagan impuestos cuando retiran el dinero de las mismas (o cuando éstas les pagan dividendos), por lo que no es cierto afirmar que sólo pagan un 1% de impuestos. Aun así, la verdad es que la SICAV sigue suponiendo indudables ventajas para sus inversores.

Para empezar, mientras que un inversor individual podría pagar hasta un 52% de la plusvalía generada por invertir en acciones (un 56% si vive en Cataluña), las SICAV sólo tributan al 1% (recordemos que una empresa normal tributa un 30% por las plusvalías obtenidas). Los fondos de inversión también tributan al 1%, pero como hemos visto, los partícipes del fondo no tienen la capacidad de decisión que tiene el socio de una SICAV. Como los pequeños inversores no pueden constituir SICAV, si quieren invertir sus ahorros en acciones de una empresa concreta se arriesgan a pagar un 52% de sus beneficios mientras que las grandes fortunas pueden invertir en esas acciones pagando tipos del 1%.

Cuando el inversor de la SICAV reciba dividendos o decida retirar su capital tendrá que pagar entre un 18 o un 27% del beneficio obtenido, un tipo mucho menor que el del inversor individual. Además, solo tendrá que pagar esa cantidad cuando cobre ese dividendo o retire su capital; es decir, en la práctica puede diferir el pago del impuesto el tiempo que desee, puesto que lo normal es que el inversor multimillonario tenga otras actividades empresariales que le proporcionen suficientes ingresos como para consumir y ahorrar sin necesidad de tener que recuperar el dinero invertido en la SICAV.

Además, las SICAV pueden realizar préstamos a sus socios en caso de que necesiten liquidez, con lo que la retirada de beneficios puede retrasarse aún más. No hace falta decir que dichos préstamos tendrán condiciones muy ventajosas, pues para eso las SICAV son de sus socios y pueden hacer literalmente lo que quieran con ellas (siempre dentro de los límites de la ley, por supuesto).
Hasta finales de 2010 este privilegio era aún mayor, ya que los socios de las SICAV podían retirar dinero de la sociedad sin tributar nada hasta que se superase la cantidad inicialmente invertida. Es decir, se suponía que toda retirada de dinero era retirada de capital (hasta que se agotase el mismo, lógicamente) y no recogida de beneficios, por lo que no pagaba impuestos. Afortunadamente, este criterio se abandonó a partir de 2011.

Otro gran privilegio de las SICAV es que no están bajo el control de los inspectores de Hacienda, sino que el órgano con competencias para fiscalizarlas es la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), mucho más laxo a la hora de controlarlas. De hecho, en los pocos casos en los que la CNMV ha considerado que una SICAV no cumplía los requisitos fijados en la ley para su constitución, le ha dado un plazo para que busque nuevos inversores o incluso ha permitido la creación de "instituciones de inversión colectiva unipersonales".

¿Y por qué estos privilegios y tratos de favor? Pues sencillamente, porque la gente que en España tiene invertido su dinero en SICAV es muy poderosa y los gobiernos no tienen voluntad política para contradecirles. Es muy común poner como una excusa una posible "fuga de capitales" para no poner coto a las SICAV. Sin embargo, como pone de manifiesto Francisco de la Torre en su libro ¿Hacienda somos todos?, este riesgo es muy relativo y tampoco supondría un gran daño para la economía española. Si queréis haceros una idea de quiénes son esos multimillonarios españoles que tienen su dinero invertido en SICAV, echad un vistazo a este enlace.

domingo, 22 de junio de 2014

UNAS PALABRAS SOBRE LA REFORMA FISCAL (por ALBERTO GARZÓN)

El pasado viernes, cuando el gobierno anunció su reforma fiscal, pensé que debía escribir algún artículo dando mi opinión acerca de la misma. Sin embargo, esta mañana he oído una intervención de Alberto Garzón en el programa La Sexta Noche que me ha parecido tan precisa y acertada que me parece mucho mejor compartir directamente sus palabras. Aquí las tenéis:
Cuando analizamos la subida o la bajada de impuestos, tenemos que tener en cuenta a quién beneficia, porque si no, nos quedamos en la superficie, en la epidermis del problema. Vamos a poner un ejemplo: hay un mínimo exento que está en torno a 11.200 €, eso quiere decir que si uno gana 11.200 € o menos no paga impuestos. Por lo tanto, esas personas, que son más de once millones de españoles, no van a notar la reforma fiscal, porque no pagaban impuestos y van a seguir sin pagarlos. Por lo tanto, para ellos esta reforma fiscal es totalmente inefectiva. Si uno cobra 15.000 € se va a ahorrar en torno a 100 o 200 €, pero si cobra más de 300.000 € se ahorra 3.000 €. Yo creo que en la diferencia se nota para quién está diseñada la reforma fiscal.
Y claro, cuando bajamos los impuestos en su conjunto eso repercute en un deterioro de la calidad de los servicios públicos, porque alguien que cobre 15.000 € puede decir: “bueno, es poco pero por lo menos tengo 200 € más en el bolsillo” ¡Cuidado! Porque ese dinero, y sobre todo el de los ricos que van a dejar de pagar sirve para financiar la sanidad pública y la educación pública, y por ejemplo en Madrid las tasas universitarias han subido hasta 600 € como resultado de los recortes. Entonces, tú puedes tener 200 € en el bolsillo pero cuando mandes a tu hijo a la universidad vas a tener que pagar 600 €. El truco es, claramente, que te vas a empobrecer y que quien se va a beneficiar es ese rico que ha ahorrado 3.000 € y tiene suficiente dinero para mandar a su hijo a la universidad privada.

sábado, 21 de junio de 2014

EL BANCO CENTRAL Y LA POLÍTICA MONETARIA


La noticia que hace unas semanas tuvo el honor de desbancar a la abdicación del rey como noticia de apertura de los distintos medios de comunicación no fue otra que la adopción de medidas de política monetaria por parte del BCE para luchar contra la deflación.

Siendo la deflación, o el descenso continuado de los precios, una amenaza mucho menos presente en la economía que la inflación, no es de extrañar que la actuación del 5 de junio se caracterizase por la adopción de "medidas no convencionales".

Llegados a este punto, creo que sería interesante dedicar una entrada a explicar los principales instrumentos de los que dispone un banco central para que todos comprendáis mejor de qué herramientas dispone el BCE para conseguir sus objetivos y hasta qué punto está haciendo uso de ellos o está echando mano de actuaciones "poco convencionales".

Digamos en primer lugar que el banco central es la institución encargada de llevar a cabo la política monetaria de un país (salvo en el caso del BCE, que se encarga de llevar a cabo la política monetaria de todo un conjunto de países, los que tienen el euro como moneda), y que la política monetaria consiste en la manipulación y control de la oferta monetaria, que no es otra cosa que la cantidad de dinero en circulación.

La oferta monetaria no solo incluye el efectivo en circulación y las cuentas de ahorro y a la vista abiertas por familias y empresas, sino que también engloba depósitos a plazo, bonos de hasta un determinado vencimiento y operaciones financieras como los "repos" o pactos de recompra (algún día os hablaré de ellos). Es evidente que la oferta monetaria afecta de forma fundamental al conjunto de la economía:
  • Un aumento de la oferta monetaria provocará un incremento de la actividad económica, puesto que al haber más dinero en circulación los agentes económicos consumirán e invertirán más y se generará un mayor crecimiento. Sin embargo, si el crecimiento de la oferta monetaria es excesivo se corre el riesgo de que la economía se "recaliente" y se genere inflación
¿Y por qué se generaría inflación? Pues sencillamente, porque una ley básica en economía afirma que si la demanda de un bien crece más rápido que su oferta, su precio tenderá a subir. Y si hay más dinero en circulación, los agentes económicos demandarán más bienes y servicios.
  • Una reducción de la oferta monetaria llevará a un estrangulamiento de la actividad económica, pues escaseará el dinero con el que consumir e invertir. Pero del mismo modo que estrangularía el crecimiento, la reducción de la oferta monetaria es un remedio muy efectivo contra la inflación, ya que al reducirse de forma generalizada la demanda de consumo e inversión en una economía, el precio de los bienes tenderá a bajar.
Una conclusión que salta a primera vista tras esta explicación es que la estabilidad de precios y el empleo son objetivos contrapuestos. En circunstancias normales, estimular el crecimiento dispara los precios y acabar con la inflación puede conducir a una recesión económica.

Esta dicotomía siempre ha sobrevolado sobre los banqueros centrales, de modo que su forma de actuar ha dependido del objetivo al que se le haya dado prioridad en cada momento histórico. Así, las décadas posteriores a la II Guerra Mundial se caracterizaron por el predominio del objetivo del pleno empleo, por lo que la actuación de los bancos centrales se caracterizó por llevar a cabo políticas expansivas, que favorecieron la creación de empleo en detrimento de la inflación.

Esta situación cambió radicalmente con la crisis del petróleo de los años setenta y la llegada a la presidencia de la Reserva Federal de Paul Volcker, que dio un giro a la política de la institución fijándose como objetivo prioritario el control de la inflación. Desde entonces, los bancos centrales se han centrado principalmente en mantener bajo control la inflación, siendo paradigmático el caso del BCE, cuyos estatutos fijan como único objetivo de la entidad la estabilidad de los precios.

Teniendo en cuenta cuáles son sus objetivos, los instrumentos con los que cuenta el banco central para aplicar su política monetaria son los siguientes:
  1. Fijación de los tipos de interés.
  2. Concesión de créditos al sector bancario.
  3. Control del coeficiente de caja.
  4. Facilidades permanentes.
  5. Operaciones de mercado abierto (open market).
  6. Influencia del banquero central.


1.- Fijación de los tipos de interés.

Es la medida más típica y, al mismo tiempo, la más fácil de aplicar. El banco central actúa como un banco de bancos, que mantienen depósitos abiertos en el banco central y pueden solicitarle créditos como si de los clientes de un banco normal se tratase.

Si el banco central baja el tipo oficial del dinero, es decir, el tipo de interés al que le presta a los bancos, estos le pedirán más dinero y dispondrán de más fondos para prestarlo a consumidores y empresas. Además, el tipo fijado por el banco central repercute en los tipos que los bancos fijan a sus clientes, haciendo que en la economía en general sea más caro o más barato endeudarse.

Sin embargo, mientras que fijar los tipos de interés es una medida muy eficaz para luchar contra la inflación, no siempre es tan efectiva para estimular la economía ya que el margen de maniobra es mucho más reducido: cuando los tipos de interés se acercan a cero, como está ocurriendo en la actualidad, al banco central ya no le queda margen para seguir bajándolos.

En este caso, cuando ni siquiera un tipo de interés cero es suficiente para estimular la actividad económica, se dice que la economía ha caído en una trampa de liquidez, una situación en la que tener más dinero en efectivo no supone ningún coste, pero en la que la demanda general sigue siendo demasiado escasa. En palabras de Paul Krugman, en esta situación sentarse encima del propio dinero pasa a ser mejor opción que invertirlo o prestarlo a otras personas. Keynes, por su parte, comparaba la utilidad de la política monetaria en estos casos con empujar una cuerda (de ahí que recomendase el uso de la política fiscal y el gasto público para reactivar la economía).

Como hemos mencionado, al BCE casi se le ha acabado el margen de maniobra con respecto a los tipos de interés para reactivar la economía. Aun así, el pasado 5 de junio anunció una bajada de tipos del 0'25% al 0'15%. En su comparecencia, Draghi anunció que las tasas de interés permanecerían en los niveles actuales por un período de tiempo prolongado a la vista de las perspectivas de inflación.

miércoles, 28 de mayo de 2014

NUFF SAID!!!

Jean-Claude Juncker, exgobernador del Banco Mundial (1989-1995), exprimer ministro de Luxemburgo (1995-2013), expresidente del Eurogrupo (2005-2013) y candidato del Parlamento Europeo por el Partido Popular Europeo para presidir la Comisión Europea. Que se sepa, no es sospechoso de estar en la lista electoral de Podemos.

lunes, 7 de abril de 2014

LOS PELIGROS DEL AVALISTA


Por una cuestión generacional, son muchos los amigos y conocidos a los que he visto dar el paso de comprar una vivienda y firmar un préstamo hipotecario con el banco. Y por desgracia, no son pocos los casos en los que ha sido necesaria la firma de un avalista.

Como ya sabréis, un avalista es una persona que garantiza el pago de un préstamo, es decir, que asume la responsabilidad de devolver el préstamo en caso de que el prestatario no pueda hacer frente al mismo. Normalmente, el banco exige la firma de un avalista cuando el préstamo supera el 80% del valor de tasación del inmueble, los ingresos del prestatario son muy reducidos en relación con el importe del préstamo o el banco estima que sus condiciones de trabajo son precarias.

Lógicamente, con estas condiciones, lo normal es necesitar la firma de un avalista. De ahí que esta figura se haya generalizado en los últimos tiempos y todos conozcamos a alguien que haya avalado el préstamo de un hijo o hermano. Sin embargo, es posible que no seáis conscientes de los riesgos y compromisos que implica la figura del avalista, así que dedicaré esta entrada a resumirlos de forma muy breve para que los tengáis en cuenta antes de pedirle ese favor a un familiar (o de aceptarlo si hace ese ofrecimiento).

En pocas palabras, un avalista asume TODOS los riesgos de la persona a quien avala sin recibir ninguna de sus recompensas (en el caso de un préstamo hipotecario, no adquiere propiedad o derecho alguno sobre el bien en el que se apoya el préstamo). En términos jurídicos, un aval está sujeto al principio de solidaridad y está excluido de los beneficios de orden, división y excusión:

  • Según el principio de solidaridad, si el deudor no cumple con los pagos de la hipoteca, el banco puede reclamar el total del importe adeudado (incluyendo intereses, comisiones y otros costes) a cualquiera de los avalistas. Este principio define la naturaleza del avalista, de forma que los beneficios de los que se le excluye están directamente relacionados con él.
  • Al estar excluido del beneficio de orden, el avalista no puede exigir al banco que reclame al prestamista la devolución de la deuda por todos los medios posibles antes de hacer efectivo el aval (dicho de otra forma, no puede exigir ponerse "al final de la cola").
  • Al estar excluido del beneficio de división, el avalista no podrá exigir que se le reclame sólo la parte proporcional de la deuda en caso de que haya varios avalistas ("solidariamente", se hará cargo de toda la deuda por completo).
  • Al estar excluido del beneficio de excusión, el avalista no puede exigir al banco que intente liquidar la deuda con el patrimonio del prestamista antes de hacer efectivo el aval. Como es lógico, para el banco es mucho más fácil ejecutar el aval que proceder a embargar los posibles bienes del titular del préstamo.
Como veis, el avalista asume todos los riesgos del prestatario sin obtener nada a cambio. De hecho, cuando se firma una hipoteca ante notario en realidad se están firmando dos documentos: un préstamo hipotecario, que es firmado por el comprador de la vivienda y sus avalistas, y un contrato de compra-venta, que sólo es firmado por el comprador.

Si el notario hace bien su trabajo, leerá en la firma del préstamo que el avalista es solidario y renuncia a los beneficios citados antes. En el momento en que el avalista estampe su firma se supone que acepta estas condiciones. Pero hay que tener mucho cuidado, porque dichas condiciones se presuponen si no se indica lo contrario, de forma que si el notario no dice nada al respecto y los avalistas firman están asumiendo las mismas cargas que venimos comentando en la entrada.

Por supuesto, para escapar de esta trampa hace falta un talento negociador, una preparación o unos conocimientos jurídicos de los que muy poca gente dispone. En estas condiciones, lo cierto es que solo deberíamos plantearnos ser avalistas si la persona a la que avalamos y su situación nos merecen la misma confianza o más que nosotros mismos (o si nos sobra el dinero, claro, en cuyo caso casi mejor sería prestárselo directamente).

Los riesgos de avalar son muy reales. De hecho, muchos de los desahucios practicados por los bancos se llevan a cabo contra avalistas, no sólo contra los compradores de viviendas. Por otro lado, las hipotecas cada vez son más largas y la vida da muchas vueltas, de modo que es muy normal encontrarse con situaciones tan estrambóticas como la de una persona avalando el préstamo de la expareja de su hijo bastante tiempo después de que la relación haya saltado por los aires.

Mi intención con este artículo es concienciaros de los riesgos a los que exponéis a un ser querido cuando le pedís que os avale un préstamo hipotecario (o de los riesgos a los que él mismo se expone cuando se ofrece a hacerlo de forma altruista). Soy consciente de que en demasiadas ocasiones conseguir un avalista es la única forma de poder comprar un piso, pero a no ser que disfrutéis de una estabilidad laboral y un sueldo envidiables preguntaos si no es preferible vivir de alquiler antes que arriesgar así la vida de un padre o un hermano.

Por otro lado, pensad que si nadie presentase avales, los bancos concederían menos préstamos y bajaría la venta de pisos, pero por la misma razón disminuiría su precio y sería más fácil el acceso a la vivienda. Lo único que haría falta es actuar.

Pero claro, es tan difícil actuar...



lunes, 31 de marzo de 2014

"PEQUEÑO" CATÁLOGO DE AYUDAS A LA BANCA: SI YO FUERA PRESIDENTE.


A raíz de la publicación de la anterior entrada, un compañero profesor de Economía me preguntaba si yo hubiera rescatado a los bancos o no. Esa pregunta me hizo reflexionar y, aunque no lo tenía previsto, dedicaré una entrada para exponer lo que yo habría hecho de estar en el lugar del gobierno.

Aunque a continuación lo explicaré con más detenimiento, a modo de titular comenzaré la entrada resumiendo lo que hubiera hecho: 1) intervenir cajas y bancos inviables, 2) dejarlos quebrar y 3) crear un potente banco público con los cascotes de las entidades quebradas.


1. INTERVENCIÓN DE CAJAS Y BANCOS CON PROBLEMAS.


Mi primera medida no hubiera sido muy distinta a la llevada a cabo por los gobiernos del PP y del PSOE: hubiera dado los pasos necesarios para intervernir las cajas y bancos con graves problemas. Así, habría creado una sociedad pública encargada de gestionar el proceso de reestructuración bancaria, como el FROB (al que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de la anterior entrada).

Sin embargo, mientras que la actuación más típica del FROB ha consistido en nacionalizar las entidades para enjugar sus pérdidas y privatizarlas en el menor tiempo posible, mi objetivo hubiera sido intervenir dichas entidades para que quebrasen de la forma más ordenada y menos traumática posible.


2. QUIEBRA ORDENADA DE BANCOS Y CAJAS INVIABLES.

En efecto, en la mayoría de los casos no hubiera rescatado a cajas y bancos. Creo que en la anterior entrada ha quedado suficientemente clara la enorme cantidad de dinero que los españoles hemos pagado por culpa del rescate a la banca. Y sin embargo, tanto este como el anterior gobierno tomaron la decisión de que no quebrase ningún banco (a partir de ahora, utilizaré el término banco para referirme indistintamente a cajas y bancos).

Seguro que habréis oído más de una vez que los bancos son entidades demasiado importantes como para dejarlas caer y que su quiebra tendría consecuencias catastróficas para la economía. Sin embargo, de los bancos rescatados sólo Bankia podría merecer la consideración de entidad sistémica por su tamaño. Y a pesar de ello, el gobierno sostiene que no hay que dejar quebrar a los bancos pues las consecuencias serían terribles. Y lo peor es que no apoyan su afirmación en ningún estudio serio que nos permita valorarla, es tan solo un dogma de fe (por cierto, que esta actitud se viene repitiendo de forma alarmante en los últimos tiempos, como pasó con las supuestas bondades de la privatización de los hospitales madrileños, que nadie se tomó la molestia de demostrarnos con cifras contantes y sonantes).


"Tranqui, tíos. Somos demasiado grandes para caer."
Si estudiamos la labor de los bancos, es cierto que desarrollan una serie de funciones clave para la sociedad, como son la custodia del ahorro de las familias (aunque... ¿se puede afirmar esto en un sistema de reserva fraccionaria como el nuestro?), la concesión de crédito a familias y empresas (aunque no se puede decir que sea una función en la que estén brillando últimamente) y la gestión de los medios de pago en la sociedad (una función cada vez más importante con la generalización de las domiciliaciones, los pagos mediantes transferencias, el uso de tarjetas o la banca electrónica).

Sin embargo, no es menos cierto que los bancos llevan a cabo muchas otras actividades que en absoluto pueden considerarse un servicio público, como son la creación y distribución de derivados y activos financieros (muchos de ellos "tóxicos") y la creación desenfrenada de dinero ficticio (en muchas ocasiones, auténtico dinero basura). Desde este punto de vista, sostener con dinero público la actividad de los bancos se convierte en una forma de apuntalar con el dinero de todos esas actividades tan peligrosas.

Otra razón para dejar quebrar estos bancos, esta de orden moral, serían las escandalosas indemnizaciones millonarias que se otorgaron los directivos que precisamente contribuyeron a hundir estas entidades. Recientemente, la justicia dio la razón a dos exdirectivos de la quebrada Catalunyabanc, que queda obligada a indemnizarlos con 1'2 millones de euros (en la entrada anterior vimos que esta entidad ha recibido más de doce mil millones de euros de ayudas directas del FROB). Sin duda, si la entidad hubiera sido liquidada de forma ordenada hubiera sido mucho más difícil para estos granujas conseguir esas indemnizaciones y no hubiéramos tenido que asistir a un espectáculo tan denigrante. Y no es el de las indemnizaciones un problema menor, como muestra este gráfico (y eso que no hemos hablado del pago de pensiones millonarias):



Una vez tomada la decisión de dejar quebrar a los bancos inviables, hay que estudiar la forma más adecuada de hacerlo. En realidad, ésta no es una cuestión muy complicada si observamos lo sucedido en otros países. Puestos a fijarnos en las experiencias de otros países, qué mejor opción que centrar nuestra mirada en los Estados Unidos: pues bien, sólo entre 2008 y 2011 se liquidaron 428 bancos norteamericanos.

El organismo encargado de llevar a cabo estas liquidaciones ha sido el FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), el fondo de garantía de depósitos norteamericano. En el caso español, su labor podría ser desarrollada por el FGD (el fondo de garantía de depósitos español), aunque lo más adecuado sería asignársela al FROB, puesto que fue creado precisamente para controlar el proceso de reestructuración bancaria.

Siguiendo la actuación llevada a cabo en Estados Unidos por el FDIC, la labor fundamental del FROB sería garantizar los depósitos de los ahorradores hasta el límite protegido por la legislación europea (100.000 € por depósito) y gestionar la venta de los activos y pasivos de los bancos liquidados a otro banco que esté interesado en ellos. Una vez materializada la venta de los depósitos, los ahorradores tendrían sus cuentas automáticamente en el banco comprador, sin necesidad de complicadas operatorias (de hecho, tras los numerosos procesos de fusiones que han tenido lugar en el sistema financiero español, los ahorradores están más que acostumbrados a que sus cuentas cambien de entidad y numeración). En los casos excepcionales en los que no hubo banco interesado en comprar los activos y pasivos de los bancos liquidados, el FDIC se hizo cargo de los mismos de forma transitoria, comunicando a los clientes que tenían un plazo determinado para transferir sus cuentas a otro banco de su elección.

Por supuesto, este proceso tiene un coste: entre 2008 y la primera mitad de 2012 el FDIC soportó un coste de 82.100 millones de dólares por garantizar depósitos y cubrir agujeros de los bancos liquidados, pero teniendo en cuenta que fueron más de cuatrocientos los bancos liquidados y el tipo de cambio euro-dólar, no parece un coste excesivo o inasumible para el Estado, más aún si consideramos el dinero que ya se ha entregado a la banca.

¿Y por qué no se ha hecho esto en España? Muy sencillo, porque el rescate a la banca española ha sido en realidad un rescate a la banca extranjera. Parafraseando a John Maynard Keynes, "si te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo", y es que la banca española debe cientos de millones de dólares a la banca alemana y francesa, con las que se endeudó para financiar la burbuja del ladrillo. Si las entidades españolas quebrasen se abriría un agujero muy serio en los balances de los bancos alemanes, algo que ni la Comisión Europea ni el BCE podían permitir (no en vano el BCE actúa como un lobby de la banca europea en general y de la alemana en particular). Para hacernos una idea de las cantidades adeudadas por los bancos españoles a las entidades extranjeras veamos este gráfico:


FUENTE: libro "qué hacemos con los bancos" del colectivo QUÉ HACEMOS.
 

domingo, 16 de febrero de 2014

"PEQUEÑO" CATÁLOGO DE AYUDAS A LA BANCA


"Hasta ahora, los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, han sido ustedes. (...) Yo, desde luego, no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes."
Mariano Rajoy, en el debate electoral con Alfredo Pérez Rubalcaba (07/11/11).

Contundentes palabras que perseguirían a nuestro presidente de no ser porque ha demostrado ser completamente invulnerable a los efectos de la hemeroteca. Al margen de que la primera parte de la cita es una perogrullada (estando en la oposición difícilmente se le puede dar dinero a los bancos), la segunda ha resultado ser falsa.

Recientemente, el Estado dio por perdidos casi 37.000 millones de euros en ayudas a la banca, pero esta cifra apenas sirve para hacerse una idea de las ayudas que ha recibido el sector financiero desde que estalló la crisis. Ayudas a la banca ha habido durante la presidencia de Rajoy, y muy cuantiosas, y no ha sido el gobierno el único en ayudar a las entidades financieras, que también han recibido generosas ayudas del Banco Central Europeo y de los consumidores y usuarios. Vamos a dedicar esta entrada a hacer una recapitulación de las ayudas más destacadas recibidas por el sector financiero, aunque me temo que tampoco seremos capaces de dar una panorámica general que haga justicia a las mismas. No obstante, ¡allá vamos!


AYUDAS DIRECTAS, CAPITALIZACIONES Y NACIONALIZACIONES.-

Un primer epígrafe sería el de las ayudas directas, es decir, el del dinero público puesto directamente a disposición de la banca.

La partida más importante de este epígrafe serían las inyecciones de capital, que en el caso del gobierno español han sido practicadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), una entidad pública creada por el gobierno Zapatero en 2009 tras la intervención de la Caja Castilla La Mancha, cuyo objeto era apoyar los procesos de reestructuración e integracion entre entidades financieras que se llevarían a cabo con vistas a reordenar el sistema financiero español.

Según la revista Alternativas Económicas, el FROB ha aportado 54.699 millones de euros al capital de las entidades españolas, una cifra que se desglosaría de la siguiente forma:
  • 22.424 millones de euros a Bankia.
  • 12.054 millones de euros a Catalunyabanc.
  • 9.226 millones de euros a Novacaixagalicia Banco.
  • 5.500 millones de euros al Banco de Valencia.
  • 1.645 millones de euros al Banco Mare Nostrum.
  • 1.129 millones de euros al Banco Ceiss.
  • 407 millones de euros a Caja3.
  • 124 millones de euros a Liberbank.
La mayoría de las veces, las capitalizaciones se han llevado a cabo mediante la conversión forzosa en acciones de las obligaciones o participaciones preferentes en poder del FROB, como ocurrió con la nacionalización de Bankia. En la práctica, la mayoría de estas entidades se han convertido en bancos públicos, ya que el FROB controla la mayor parte de su capital: así, el FROB posee el 68'4% del capital de Bankia, el 66% del capital de Catalunyabanc y el 65% del capital del Banco Mare Nostrum.

De estos casi 55.000 millones de euros, algo más de 40.000 han sido aportados por el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) gracias al rescate bancario que se concedió a España en junio de 2012. En cualquier caso, estos más de cuarenta mil millones son una ayuda pública española, pues se trata de un préstamo (línea de crédito, en palabras de Luis de Guindos) que tendremos que devolver con sus correspondientes intereses.

Como ya hemos mencionado al principio de la entrada, el FROB da por perdidos 36.932 millones de euros de las ayudas ejecutadas entre 2010 y 2012. Un caso especialmente sangrante se dio hace poco con la venta de NCG Banco al grupo venezolano Banesco por 1.000 millones de euros cuando el FROB había concedido a esta entidad ayudas por importe de 9.226 millones. Recientemente, se ha sabido que el FROB ha contratado los servicios de Goldman Sachs para diseñar el proceso de privatización de Bankia, operación que espera completarse en el plazo de unos dos años; teniendo en cuenta que dicha privatización se llevaría a cabo justo antes de las elecciones, esperemos que no sea tan catastrófica para las arcas públicas. Al margen de estas ayudas, cuando nació el FROB hubo que dotarlo con un capital inicial de 9.000 millones de euros, de los cuales el 75% se financiaron con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (vaya, con el dinero de todos) y el 25% restante por los distintos fondos de garantías de depósitos del sistema financiero español.

Precisamente el Fondo de Garantía de Depósitos ha sido la otra gran entidad que se ha encargado de suministrar ayudas directas a las entidades españolas. En concreto, ha aportado más de 9.000 millones de euros al capital de las entidades españolas (aunque conviene precisar que el Fondo se financia en su mayor parte con las aportaciones de los bancos y cajas de ahorros):
  • 5.249 millones de euros a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).
  • 1.192 millones de euros a BBK para la adquisición de Cajasur.
  • 1.001 millones de euros a Catalunyabanc.
  • 953 millones de euros a la Unnim.
  • 802 millones de euros a Novacaixagalicia Banco.
De estas inyecciones de capital, la de la CAM ha sido especialmente ruinosa, ya que ni siquiera con este apoyo ha podido recuperarse y finalmente se vendió en diciembre de 2012 al Banco Sabadell por el módico precio... ¡¡de un euro!!




viernes, 10 de enero de 2014

CIFRAS PARA ECHARSE A LLORAR


  • Desde 2008, el PIB ha caído más del 7%. Según las estimaciones de crecimiento que se manejan actualmente, que suelen pecar de optimismo por motivos propagandísticos o de pura manipulación, no es probable que el PIB recupere los niveles de 2008 hasta 2020. Y por supuesto, con el incremento de la desigualdad, eso no significa ni por asomo que la gente de la calle vaya a recuperar su antiguo nivel de vida.
  • La inversión pública ha caído más del 25% desde la caída de la crisis. La caída de la inversión privada supera el 40%.
  • En los dos últimos años, el gas ha subido un 22%; la electricidad, un 34%; el agua, un 8'5% (aunque esta cifra fluctúa mucho en función de las ciudades); el tipo general del IVA, un 16'67%. En ese mismo período, los trabajadores con convenio habrán visto aumentar su salario un 4'5% (aunque si tenemos en cuenta la inflación, los salarios se han reducido un 2%) y los trabajadores sin convenio lo habrán visto reducirse un 12%, mientras que los funcionarios tienen el salario congelado desde 2010 (este dato es en realidad falso, la supresión de una de las pagas extras supuso en la práctica una reducción salarial del 7% el pasado año).
  • En 2007 estaba en el paro el 18'2% de los jóvenes entre 16 y 24 años. En 2013, estaban en paro el 57'2%.
  • La deuda total de la economía española asciende al 423'1% del PIB. Es decir, si empresas, trabajadores y administraciones públicas dedicaran TODOS sus ingresos al pago de la deuda (sin destinar nada a necesidades esenciales como la alimentación), se tardarían más de cuatro años en pagar la deuda. De este 423'1%, un 108% es deuda pública; el resto es deuda privada (110'7% de la banca, 126% del resto de empresas y 78'4% de las familias). En el peor de los casos, esta deuda es impagable; en el mejor, con ella es muy difícil esperar mejoras destacables en el consumo, la inversión y el gasto público.



PD: los datos de esta entrada están extraidos del número 9 de la revista Alternativas Económicas.