Las pensiones son uno de los caballos de batalla más recurrentes cuando se trata de velar por la "sostenibilidad" de las cuentas públicas. La última reforma se llevó a cabo en 2011, en uno de los últimos coletazos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Básicamente, dicha reforma incluía entre otras las siguientes medidas:
- ampliar la edad legal de jubilación de
los 65 a los 67 años.
- aumentar de 35 a 37 años el período
necesario para acceder a una pensión completa.
- ampliar el período de cálculo de la
base reguladora de los 15 a los últimos 25 años de vida laboral del
trabajador.
- introducir un factor de sostenibilidad
que cada cinco años revise todos los parámetros del sistema en función de
la evolución de la pirámide de población.
Al final, el
resultado de todas estas medidas es el mismo: reducir la duración y la cuantía
de las futuras pensiones. Es decir, los actuales trabajadores y futuros
pensionistas soportarán toda la carga de la reforma.
Por mi parte, aun
reconociendo que la viabilidad del sistema público de pensiones es cada vez más
complicada, me gustaría hacer dos matizaciones:
- Es cierto que en la situación actual,
garantizar el pago de las pensiones futuras es cada vez más difícil, pero
gran parte de ese problema se debe al lamentable estado del mercado de
trabajo español. Con una tasa de paro superior al 25% no hay
ningún sistema de pensiones que sea viable. Si el paro continúa
aumentando, las pensiones tendrán que financiarse con las cotizaciones de
menos trabajadores que a su vez tendrán empleos más precarios, con menores
salarios sobre los que aplicar el tipo de cotización. Luchar por el empleo
y por la calidad de los puestos de trabajo es, al mismo tiempo, luchar por
la viabilidad del sistema de pensiones.
- Hasta ahora, todas las reformas del
sistema de pensiones se han centrado en un único aspecto: los gastos del
sistema. Sin embargo, tan importante como contener los gastos es
incrementar las fuentes de ingresos.
Una forma de
aumentar los ingresos sería reducir el paro (a más trabajadores, más
cotizantes), pero no es a esto a lo que me refiero. El Pacto de Toledo, que es
un acuerdo firmado en 1995 entre los partidos políticos sobre el sistema de
pensiones, establece que las cotizaciones sociales serán la única fuente de
financiación de las pensiones. Sin embargo, afirmar que las pensiones deben
financiarse sólo con cotizaciones es una cuestión más ideológica que
científica. Utilizar los impuestos para pagar las pensiones que la sociedad
considere justas me parece completamente legítimo (mucho más que construir
aeropuertos sin aviones o trenes para ejecutivos, desde luego).
Pero ni este ha
sido el enfoque seguido hasta ahora en las sucesivas reformas del sistema de
pensiones ni parece que lo vaya a ser en el futuro. En su lugar, la solución
ofrecida por autoridades y "expertos" es otra muy distinta:
complementar las pensiones públicas con planes de pensiones privados.
¿En qué consisten
los planes de pensiones? Básicamente, un plan de pensiones privado es un fondo
en el que el trabajador deposita unos pagos periódicos para recibir una pensión
cuando se jubile. Las aportaciones que realiza el trabajador no se inmovilizan
en ninguna especie de cuenta o plazo fijo, sino que una gestora se encarga de
invertirlas para obtener de ellas el máximo rendimiento (y así poder pagar una
mayor pensión en el futuro). Actualmente, en España operan 573 fondos,
gestionados en su mayoría por aseguradoras y entidades financieras (bancos y
cajas de ahorros, vaya).
La verdad es que
estoy un poco cansado de leer y oír que el sistema público de pensiones es
insostenible y que los planes de pensiones privados son la panacea, así que me
gustaría dedicar esta entrada a poner de manifiesto las lagunas de los fondos
de pensiones, que las tienen (vaya que si las tienen). Y es que no es oro todo
lo que reluce: